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El Parlamento de Andalucía aprueba la reforma de la ley de violencia de género

18/07/2018
imagen del Parlamento de Andalucía en la sesión plenaria de aprobación de la ley contra la violencia de género

La modificación de la ley andaluza de violencia de género (Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género) ha culminado hoy su trámite al ser aprobada por el pleno del Parlamento de Andalucía. La nueva ley se adapta al Convenio de Estambul, instrumento vinculante en el ámbito europeo ratificado por España en 2014. Amplía el concepto de víctima y tipifica diferentes formas y manifestaciones de violencia de género. El texto ha sido apoyado por todos los grupos parlamentarios a excepción de IULV-CA, que se ha abstenido.

Una de las principales novedades del nuevo texto legislativo es que se amplía el concepto de víctima, de manera que a partir de ahora tendrán dicha consideración, además de las mujeres sobre las que se ejerza violencia por el hecho de serlo (lo que incluye a las menores de edad), las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre, las personas dependientes que convivan en el entorno violento y las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados. En este sentido, se introduce y define la violencia vicaria como la que ejerce el agresor sobre las hijas e hijos de la mujer y otras personas de su entorno, de manera instrumental, para dañarla.

Siguiendo las recomendaciones del Convenio de Estambul, se distingue entre «las formas de violencia y los modos de las mismas», de manera que se identifican cuatro formas de violencia (física, psicológica, económica y sexual), ya presentes en el anterior texto, a las que se añaden ahora diferentes actos que concretan dichas formas de violencia. En relación con los actos que constituyen violencia de género, a partir de ahora dejarán de circunscribirse exclusivamente al ámbito de las relaciones de pareja, de manera que el término violencia de género se hará extensivo a otras manifestaciones como las violencias sexuales, la trata y la explotación sexual a través del ejercicio de la prostitución, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado o el ciberacoso.

Se incluye entre ellas el feminicidio, que se define como «los homicidios o asesinatos de las mujeres motivados por una discriminación basada en el género», incluyendo tanto los asesinatos cometidos por la pareja o expareja como los cometidos por otras personas basados en motivos de género, como el infanticidio de niñas, o los asesinatos vinculados a la violencia sexual o la prostitución y la trata.

La nueva ley garantiza la protección a todas las víctimas que se encuentren en territorio andaluz, independientemente de su vecindad, lugar de procedencia o situación administrativa.

En cuanto a la forma de demostrar la situación de violencia, se modifica el artículo 30 de la ley, que se refiere a la acreditación de la violencia de género. Si hasta ahora era necesaria la existencia de resolución judicial para para el reconocimiento de los derechos a las víctimas (sentencia condenatoria u orden de protección), con la reforma esta situación podrá demostrarse mediante certificación de los servicios sociales, sanitarios o de asistencia a víctimas, entre otros, con lo que la asistencia a las víctimas deja de depender del procedimiento judicial.

Otra de las novedades es la incorporación, con carácter obligatorio, de la formación especializada a profesionales de la Junta de Andalucía que trabajen en el ámbito de la violencia de género.

Se incorpora a la ley el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, órgano colegiado creado por el Decreto 298/2010, de 25 de mayo, al que se atribuyen funciones asesoras, y se incluye la elaboración de un plan de sensibilización y prevención contra la violencia de género.

Además, la ley también contempla programas específicos para víctimas especialmente vulnerables, garantiza el asesoramiento jurídico gratuito en el momento previo a la interposición de la denuncia y dispone la elaboración de un protocolo de acompañamiento a las víctimas antes y durante el procedimiento, que incluirá la colaboración con las organizaciones sociales de lucha contra la violencia de género.

Con esta modificación a la ley, que sitúa a Andalucía como la comunidad con la norma más avanzada en todo el Estado, se pretende reforzar la protección a las víctimas y atajar la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres y en cuya raíz están la desigualdad, el machismo y la dominación que con carácter histórico han ejercido los hombres sobre las mujeres. 

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