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Aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de noviembre de 2015, este protocolo deriva de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, que incorpora nuevas faltas disciplinarias que tipifican el acoso sexual y por razón de sexo, y de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, que tipifica como conductas punibles de forma e

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El objeto de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género es el establecimiento y ordenación del sistema canario de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género.

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El objeto de esta ley es la adopción de medidas integrales dirigidas a la sensibilización, prevención y erradicación de la violencia ejercida sobre las mujeres, así como la protección, asistencia y seguimiento a las víctimas de violencia ejercida contra la mujer.

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El Parlamento Europeo en la presente resolución confirma su compromiso con la Plataforma de Acción de Pekín y las acciones en favor de la igualdad de género que figuran en ella; reitera que el trabajo destinado a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas exige un planteamiento coordinado y multisectorial que implique a todas las partes y aborde las causas que subyacen a la misma.

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La presente directiva tiene por objeto garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

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Desde el Parlamento Europeo se solicita a la Comisión una iniciativa legislativa que promueva y apoye la acción de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Contempla una mayor especialización en violencia de género de los órganos judiciales y el Instituto de Medicina Legal. Amplía las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Precisa el concepto del interés superior de los y las menores y refuerza sus derechos fundamentales. Afirma su condición de víctimas directas de la violencia de género. Crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Para implementarla se han modificado, mediante ley ordinaria, determinados aspectos procesales.

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