jurisprudencia

La sentencia, dictada en suplicación por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, deniega a una mujer víctima de violencia de género pensión de viudedad tras el fallecimiento de su ex pareja.

La recurrente en casación es una mujer que, en medio de una discusión en la vía pública y en presencia de los hijos comunes, fue objeto de insultos y comentarios vejatorios por parte del que había sido su pareja, considerándose probado que el agresor «se dirigió a ella con expresiones como "puta" o "guarra", llegando en un momento dado a darle un fuerte bofetón en el rostro que no consta que le

La presente sentencia viene a resolver un recurso de casación para la unificación de doctrina que cuestiona el derecho a percibir la pensión de viudedad de una persona que en su día presentó demanda de separación en la que manifestó que su cónyuge había incurrido en una conducta injuriosa y vejatoria que en ocasiones llegó a la violencia física.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los recursos de casación interpuestos por un hombre, condenado como autor de un delito continuado de abuso sexual sobre menor de 13 años de edad, tipificado en el artículo 183.1 y 4 d) del Código Penal, y por la pareja del agresor, madre de la víctima, condenada también por el mismo delito, aplicándosele a esta el artículo 183.1 del Código Penal. Según rec

El Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación presentado por un hombre condenado por un delito continuado de abuso sexual a menor de trece años con prevalimiento, previsto en el artículo 183.1 y 4 d) del Código Penal.

El fallo viene a resolver sendos recursos de casación interpuestos por un hombre condenado por un delito continuado de abusos sexuales sobre su hija, menor de 16 años, con penetración del artículo 183.1, 3 y 4.d) del Código Penal; y por otro hombre, tío de la misma menor, condenado por hechos independientes, pero también integrantes de un delito continuado de abusos sexuales del artículo 183.1

La sentencia del Tribunal Supremo, dictada en grado de casación, viene a establecer un nuevo criterio en relación al alcance e interpretación que debe darse al derecho de dispensa a declarar contra parientes previsto en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y su especial incidencia en materia de violencia de género.

El fallo analizado califica los hechos de agresión sexual, pues la voluntad de la víctima fue doblegada mediante la intimidación.

Considera que el investigado cometió un delito de detención ilegal, por lo que a la condena impuesta en primera instancia, le suma otros dos años de cárcel.
 
El acusado, propietario de un gimnasio en Arucas, tendrá que abonar 40.000 euros al menor que ha sido declarado víctima de los ataques sexuales.
 

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