jurisprudencia
Ricardo Ricote Rodrí… [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)]
El ataque se produjo el 31 de diciembre de 2016 en el domicilio de la mujer, que falleció a consecuencia de las heridas efectuadas con arma blanca por su compañero sentimental.
La Audiencia condena al acusado por un delito de asesinato con agravante de parentesco a veintidós años y medio de prisión, y a siete meses más por quebrantamiento de medida cautelar.
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El agresor asaltó en la calle a la menor, a la que conocía desde pequeña, y la agarró con fuerza, tocándola y besándola con violencia.
El Tribunal determina que las relaciones sexuales no fueron consentidas por la víctima, que pidió «repetidamente y llorando» a los hombres que parasen, pero no las califica de violación porque no hubo «actuación violenta o intimidativa».
Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en el club La Estación, situado en la localidad leonesa de Valdearcos, cuya clausura definitiva ha sido acordada por la Audiencia.
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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce la incapacidad permanente a una mujer víctima de violación al determinar que las secuelas psicológicas de la agresión se mantienen veintidós años después y le impiden desarrollar cualquier actividad laboral
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En una sentencia pionera, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictaminado que, desde el punto de vista de los medios de prueba, la situación procesal de «testigo» de las víctimas de violencia de género debería tener «un cierto reflejo diferenciador», un mayor grado probatorio, puesto que tales víctimas «declaran en el plenario con una posición distinta a la de los testigos que ven los hechos, como fueron los padres [de la víctima], pero que no son las víctimas directas del hecho».
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirma la condena a 14 años de prisión impuesta a un hombre que agredió sexualmente a una mujer con discapacidad psíquica severa. El agresor contaba con antecedentes penales por dos delitos de violación.
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La Sala Casacional del Tribunal Supremo ha establecido que la agravante de género debe aplicarse en todos los casos en que se actúe contra la mujer por el mero hecho de serlo, aunque entre agresor y víctima no exista ningún tipo de relación.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condena al Estado español por vulnerar el derecho de dos menores a ser oídas en un procedimiento contencioso de divorcio en violación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a un juicio justo), estableciendo que debe indemnizar a la recurrente por daño moral.
Se declara la inconstitucionalidad, a instancias del gobierno central, de varios artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
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