normativa

Esta ley tiene por objeto prevenir y combatir la violencia de género en sus diferentes causas, formas y manifestaciones, así como garantizar la asistencia y protección de las víctimas, con medidas de carácter integral.

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El objeto de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género es el establecimiento y ordenación del sistema canario de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género.

Real Decreto-ley que modifica los arts. 20, 23 y 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y el art. 156 del Código Civil de 24 de julio de 1889.

Reforma de la ley de violencia de género de Andalucía

La nueva ley de violencia de género de Andalucía se adapta al Convenio de Estambul, instrumento vinculante en el ámbito europeo ratificado por España en 2014.

II Plan de Acción Integral para luchar contra la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual del Ayuntamiento de Sevilla (2016-2020)

Con este plan, el Ayuntamiento de Sevilla pretende avanzar para que la prostitución, la trata y otras formas de explotación sexual se identifiquen como violencia de género, sean cuales sean sus circunstancias o antecedentes.

La Estrategia está estructurada en ejes, objetivos y medidas, en los que se incluyen las cuestiones prioritarias en materia de violencia de género a abordar entre 2016 y 2021.

imagen protocolo acoso

Este protocolo establece medidas para prevenir posibles situaciones de acoso y abuso sexual y actuar en caso de que se produzcan.

imagen protocolo acoso menores

Protocolo para la prevención de posibles situaciones de abuso, agresión o acoso de tipo sexual hacia menores deportistas, realizados por personas de la entidad deportiva o ajenas a ella.

protocolo violencia de género

El objeto del Protocolo es establecer el conjunto de medidas y procedimientos para facilitar la protección de las empleadas públicas de la Administración de la Junta de Andalucía que sean víctimas de violencia de género, conforme a la normativa reguladora y a los acuerdos y pactos concertados por dicha Administración.

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