El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

10/06/2020

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, para su remisión al Congreso y que inicie su tramitación parlamentaria. La norma aumentará el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores y plantea crear una nueva figura en los colegios, la del 'coordinador de bienestar y protección'.

El anteproyecto de la 'Ley Rhodes', en referencia al pianista que sufrió abusos sexuales en su infancia, fue aprobado en 2018 y después quedó en el aire con el anuncio de elecciones generales en 2019. Tras la formación del Gobierno de coalición, las ONG de infancia pidieron al Ejecutivo que no retrasara la aprobación de esta ley que ha sido consultada y trabajada con las organizaciones, y que ya ha pasado por consulta pública.

Estas son algunas de las medidas que contemplará:

  • El plazo de prescripción de los delitos graves contra menores "contará a partir de que la víctima haya cumplido los treinta años de edad". Actualmente, el plazo de prescripción de los delitos de abusos a menores empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

  • Se elimina el perdón de la víctima menor como causa de extinción de la responsabilidad criminal.

  • Se endurecen las condiciones para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios por parte de las personas penadas por delitos que atenten contra la indemnidad y libertad sexuales de personas menores de dieciséis años.

  • Todos los ciudadanos deberán denunciar "de forma inmediata" la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores. Esto tendrá especial énfasis en el caso de los colectivos profesionales que tienen encomendada la protección, cuidado y educación de niños, niñas y adolescentes. De hecho, todos los colegios tendrán que contar con una nueva figura, la del "coordinador de bienestar y protección".

  • El cónyuge y los familiares cercanos del agresor sí tendrán la obligación de denunciar cuando se trate de un delito grave contra una persona menor de edad.

  • El deber de comunicación se extiende también a los contenidos en Internet que “constituyan una forma de violencia o abuso” contra los menores.

  • Creación de unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se dará formación especializada a jueces y fiscales para proteger a los niños y niñas de la violencia. También se formará de manera "continua" a aquellos profesionales que tengan contacto habitual con menores.

  • Se garantiza el acceso universal de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en situaciones de violencia, a los servicios sanitarios de tratamiento y rehabilitación. Se desarrollará un protocolo común de actuación sanitaria para facilitar la promoción del buen trato, la identificación de factores de riesgo y la prevención y detección precoz de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes en este contexto.

  • Se regulan las actuaciones públicas dirigidas a garantizar el uso seguro y responsable de Internet por parte de los niños, niñas y adolescentes, familias, personal educador y profesionales que trabajen con personas menores de edad. Asimismo, se regula el canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar una adecuada protección del derecho fundamental a la protección de datos personales y la rápida retirada de Internet los contenidos que atenten gravemente contra el mismo.

  • Se atribuye la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos menores de edad a ambos progenitores. Por tanto, se requiere el consentimiento de ambos o autorización judicial para el traslado de la persona menor de edad, con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia, salvo suspensión o privación de la potestad o atribución exclusiva de dicha facultad a uno de los progenitores.

  • Se prohíbe la publicidad que por sus características pueda provocar en personas menores de edad la adopción de conductas violentas sobre sí mismas o sobre terceros, así como los que integren una serie de estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico. Además, se da una nueva regulación a los delitos de odio, incorporando la edad como causa de discriminación, tanto sobre los niños, niñas y adolescentes, como sobre las personas de edad avanzada e incluyendo la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.
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