La ONU insta a España a tomar más medidas para combatir la violencia de género

17/02/2020

La violencia de género ha ocupado un lugar importante en el Examen Periódico Universal de España en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que, cada cinco años, evalúa la situación de los Estados miembros para comprobar si están cumpliendo con sus obligaciones en Derechos Humanos. En total, España ha recibido 275 recomendaciones propuestas por 110 países. En lo que llevamos de 2020, once mujeres han sido asesinadas por violencia machista en España. Desde 2003, el total de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas asciende a 1.044. 

Entre las recomendaciones realizadas por los Estados miembro figuran la de redoblar los esfuerzos en materia de lucha contra la violencia machista, en particular mediante la aplicación efectiva de políticas pertinentes por las autoridades competentes, garantizando que las víctimas tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección y que los autores rindan cuentas de sus actos. También se propone la posibilidad de incluir otras formas de violencia de género en la ley orgánica.

Australia, por ejemplo, fue contundente en su petición: "Frenar el alto número de muertes de mujeres como resultado de la violencia cometida por parejas o exparejas". Austria y Polonia también pidieron garantizar a las víctimas de violencia de género acceso a medidas de protección. Otros países como la República Checa, Cuba, Georgia, Venezuela o Angola instaron a España a desarrollar más "acciones efectivas para reducir la violencia contra la mujer". 

Francia y Malta, por ejemplo, pidieron a España que proporcione "capacitación adecuada a los órganos judiciales responsables del procesamiento y la investigación" en casos de violencia de género. También Croacia, Turquía, Brasil y Dinamarca pidieron a España que se asegure de que las víctimas de violencia machista tienen acceso a "medios de reparación y protección" suficientes. 

Las recomendaciones de los diferentes países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a España también han hecho especial hincapié en la necesidad de luchar contra la trata con fines de explotación sexual. Así nos lo pidieron, entre otros, países como Reino Unido, Suecia, Brasil o Bulgaria. Las autoridades brasileñas, por ejemplo, insistieron a España en la necesidad de aprobar un Plan de acción que combata la trata de personas en España. 

Protección para inmigrantes y refugiados

Otro capítulo que recibe múltiples sugerencias para España es el de los migrantes y refugiados con una treintena de referencias a cómo mejorar desde su acogida a su integración por parte de Nigeria, Japón, Argentina, Pakistán e Irán, entre otros.

Además, solicita proporcionar alojamiento humanitario temporal a los migrantes irregulares mientras se tramitan sus casos, como alternativa a la detención y a tomar medidas para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes y los solicitantes de asilo, así como garantizar el acceso a un nivel de vida adecuado.

Suiza, por su parte, recomienda garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como la garantía de no repetición para todas las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, e investigar los crímenes cometidos de acuerdo con el derecho internacional.

Del mismo modo, Venezuela y Rumania proponen avanzar hacia la igualdad efectiva del pueblo gitano y continuar los esfuerzos relacionados con la discriminación contra esa población, especialmente en lo que respecta al empleo, la vivienda, la salud y la educación.

Discapacidad

También las cuestiones relacionadas con los derechos humanos de las personas con discapacidad ocupan un buen número de recomendaciones, procedentes de Estados como Chile, Argelia, Qatar o Perú.

Entre otras propuestas se encuentran las de intensificar los esfuerzos para integrar a las personas con discapacidad dentro de la sociedad y eliminar todos los obstáculos que les limitan, así como garantizar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud.

También recomiendan a España que asegure que los niños con discapacidad ejerzan afectivamente sus derechos a la educación, la autonomía y la participación en la sociedad.

Apoyo al empleo juvenil y el acceso a la vivienda

Distintos Estados también proponen a España fortalecer las políticas de lucha contra el desempleo y promover el empleo decente, especialmente entre los jóvenes y la población roma, así como continuar fomentando medidas para hacer frente a la baja tasa de empleo entre los jóvenes, mediante la provisión de programas adecuados de formación y apoyo.

Con relación a la protección de las personas mayores se recomienda adoptar las medidas necesarias para ampliar la cobertura de las pensiones, prestando especial atención a las personas y grupos más desfavorecidos.

Con respecto al problema del acceso a la vivienda y los desalojos, se recomienda a España promover la construcción generalizada de viviendas sociales para las familias vulnerables y adoptar un marco legislativo relativo al derecho a la vivienda destinado a garantizar que las personas desalojadas tengan acceso a una indemnización u otra vivienda decente, que se les informe de la decisión de desalojo y que tengan acceso a un recurso judicial efectivo.

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