La presente Resolución reconoce que la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género. Destaca que hay diversos vínculos entre prostitución y tráfico de personas, y reconoce que la prostitución alimenta el tráfico de mujeres y menores de edad vulnerables. Por ello se postula contra la legalización del trabajo sexual y apuesta por la penalización de los clientes.