Decreto 465/2019, de 14 de mayo, por el que se regula la Comisión Institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en el artículo 73.2 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de lucha contra la violencia de género, la planificación de actuaciones y la capacidad de evaluación y propuesta ante la Administración Central.

El artículo 58 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, crea la Comisión Institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género, con el objeto de coordinar, impulsar y evaluar acciones y medidas que se desarrollen en Andalucía contra la violencia de género, y dispone que estará coordinada por la Consejería competente en materia de violencia de género e integrada por los miembros de todas las Consejerías que compongan el Consejo de Gobierno, representantes de las entidades locales y de las asociaciones de mujeres.

Con fecha 21 de abril de 2009 entró en vigor el Decreto 72/2009, de 31 de marzo, por el que regula la Comisión Institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de genero, dando cumplimento a lo establecido en el articulo 58.3 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, que establece que el funcionamiento de la mencionada Comisión se desarrollará reglamentariamente.

El tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto 72/2009, de 31 de marzo, y la conveniencia de potenciar la participación de las asociaciones que trabajan en la lucha contra la violencia de género y de los grupos de profesionales, personas profesionales expertas en violencia de género, de reconocida formación y experiencia que asesoren a la Comisión Institucional, hacen conveniente adecuar su composición y funcionamiento a la demanda social existente en la actualidad. Además, en el Decreto se abordan mejoras técnicas y organizativas, y se actualiza la regulación existente incorporando las sucesivas reformas legislativas que se han venido acometiendo en la legislación básica con incidencia en la materia, en particular las previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.